La comunidad de la Universidad del Atlántico se vio afectada por grupos paramilitares y organismos del Estado bajo el estigma de ser guerrilleros. Esto trajo consigo un genocidio que se estructuró bajo patrones como el paramilitarismo de Estado, la estigmatización, amenazas y judicialización a Liderazgos, persecución a sectores políticos de izquierda denunciantes de corrupción, asesinato sistemático como estrategia de silenciamiento y la negación de la asociación entre crímenes con las dinámicas de la universidad pública.